Con el código penal de 1931 se ampliaron los márgenes de las penas, lo que posibilitó que la justicia se aplicara en función de las circunstancias del delito cometido, pero también de las características personales del transgresor. En este sentido, y a pesar de que el código no hacía expresos distingos de género, los jueces podían juzgar a una mujer delincuente según las normativas de género imperantes en el contexto conservador del periodo estudiado. Así, además de la ley, los discursos de justicia social posrevolucionaria y de género se convirtieron en las pautas que tanto los representantes judiciales como los criminales utilizaron para nutrir sus narrativas en torno a la justicia, ellas para disminuir los costos de sus acciones criminales y los otros para sancionar.